Las entidades consideran que las medidas propuestas hasta el momento son insuficientes y solicitan que se plantee un protocolo que contemple las emergencias devenidas por acontecimientos climatológicos extraordinarios
Valencia, 23 de diciembre de 2024. Las organizaciones especializadas en pobreza energética Aeioluz. Cooperativa de servicios energéticos CyC, Intiam Ruai, Asociación Socaire, Traza Consultoría, Amigos de la Tierra, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Asociación Ecoserveis, La Palma Renovable, Energía Bonita, Ecodes, Red Agua Pública, Alianza contra la Pobreza Energética, Enginyeria Sense Fronteres, Ecooo Energía Ciudadana S. Coop, Greenpeace España, Fundació Comunitària Horta Sud, Consejo General del Trabajo Social, Col·legi Oficial de Treball Social de València, Col·legi Oficial de Treball Social de València, La Corriente, Sdad. Coop., y Mercado Social de Madrid se han unido para solicitar al Gobierno de España una medidas que sean de aplicación inmediata a hogares afectados por la DANA 2024 y que formen parte de un protocolo de actuación establecido ante situaciones de emergencia que protejan a los hogares en el corto, medio y largo plazo.
Estas propuestas han sido ya remitidas a los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en fecha 24 de noviembre de 2024, sin que estas entidades hayan recibido, a día de hoy, ninguna comunicación al respecto.
Las medidas solicitadas son:
- La posibilidad de acceder al bono social eléctrico en la modalidad de consumidor vulnerable severo, para todos los consumidores domésticos de las localidades declaradas zonas afectadas gravemente por la DANA o, en su caso, consumidores cuya actividad económica principal se vea afectada por los daños en dichas zonas.
- La extensión de esta consideración de consumidor vulnerable severo a personas que, sin ser titulares del contrato de suministros, puedan acreditar que tienen contrato de alquiler y/o residen en una vivienda afectada por la DANA, lo que conllevará el cambio automático de titularidad de los contratos de suministros a nombre del solicitante.
- El acceso al pago del Bono Social Térmico correspondiente a 2024 para todo aquel que haya sido acogido a esta consideración de afectado por DANA y sea perceptor del Bono Social eléctrico, aunque su entrada en vigor se produzca con posterioridad al 31 de diciembre de 2024.
- El impulso de medidas paralelas de apoyo a las comercializadoras eléctricas de carácter cooperativo de la zona afectada con el objetivo de que la extensión del bono social antes solicitada no ponga en riesgo la continuidad de su actividad, y puedan ofrecer una tarifa suficientemente competitiva para garantizar el mejor servicio posible a sus usuarios afectados.
- La creación de un canal sencillo y directo con las comercializadoras de referencia, y cooperativas de la zona afectada, para tramitar directamente estas ayudas (correo electrónico y teléfono específico). Buscando la fórmula más sencilla posible, unificando procedimientos como se ha hecho en las ayudas estatales que incluyen una declaración responsable.
- La prolongación de estas medidas hasta el 31 de diciembre de 2025, de forma análoga al resto de ayudas impulsadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios.
Inundaciones 2024
Tras más de un mes y medio de los acontecimientos devenidos por la DANA del pasado 29 de octubre de 2024, cuyas consecuencias todos conocemos y que alcanza a varias comunidades autónomas del estado español, el Gobierno publicó un Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. En él se proponen medidas de protección contra el corte de suministros, la flexibilización y suspensión temporal de contratos de luz y gas afectados y el aplazamiento de facturas. Todas estas medidas son necesarias para hacer frente a la situación de emergencia en la que se ha visto paralizada la actividad económica y sobre todo, en el que se han visto afectados un buen número de viviendas que han quedado inhabitables, lo cual ha obligado al desalojo de muchas familias de sus hogares sin una perspectiva clara de cuándo podrán volver a ellas.
Las organizaciones especializadas en actuaciones contra la Pobreza Energética estiman que estas medidas son insuficientes para afrontar la reconstrucción y relanzamiento del tejido social y productivo y son necesarias medidas en el medio plazo que garanticen poder hacer frente al gasto energético necesario para restablecer la vida de los municipios.
Sin estas medidas complementarias, el número de personas que se encontrarán en situación de Vulnerabilidad y Pobreza Energética crecerá de forma considerable con las consecuencias para la salud física, mental y deterioro social que conocemos y que con mayor intensidad afectan a los grupos poblacionales más vulnerables (hogares con menores, hogares de personas mayores de 65 años y población migrante).
Conscientes de que estas situaciones de emergencia se van a seguir produciendo cada vez con más frecuencia y aprendiendo de acontecimientos extremos anteriores (Covid-19, terremoto de Lorca, volcán de la Palma, ola de frío Filomena…), proponen una serie de medidas de aplicación directa ante situaciones de emergencia complementarias a las planteadas en el Real decreto-Ley 7/2024 que en este momento,
Las medidas solicitadas han sido presentadas al Gobierno sin menoscabo de la consideración de que la solución más adecuada, reclamada por parte de muchas de las organizaciones sociales abajo firmantes que trabajamos día a día para la erradicación de la pobreza energética, pasa por la automatización del acceso al Bono Social, ya que el actual sistema de acceso tiene graves carencias tal y como refleja un informe de EsadeEcPol y Oxfam Intermón, de Septiembre de 2024 en el que se denuncia que casi 8 de cada 10 beneficiarios potenciales no recibe el bono social. Las entidades entienden que estas medidas de urgencia que proponen no deberían perjudicar a pequeñas comercializadoras en su mayoría cooperativas eléctricas de la zona afectada.
Entidades firmantes:
Aeioluz. Cooperativa de servicios energéticos CyC
Intiam Ruai
Asociación Socaire
Traza Consultoría SLL
Amigos de la Tierra
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Asociación Ecoserveis
La Palma Renovable
Energía Bonita
Ecodes
Red Agua Pública
Alianza contra la Pobreza Energética
Enginyeria Sense Fronteres
Ecooo Energía Ciudadana S. Coop
Greenpeace España
Fundació Comunitària Horta Sud
Consejo General del Trabajo Social
Col·legi Oficial de Treball Social de València
La Corriente, Sdad. Coop.
Mercado Social de Madrid