· Ante el proyecto de RD, la Coalición por la Energía Comunitaria ha presentado una batería de alegaciones que busca una mayor ambición y alcance de la norma, como la ruptura con el oligopolio a través de la prohibición de la participación de entidades que dispongan de una cuota de mercado de un 10% en cualquiera de los mercados o sistemas energéticos
· La transposición de las directivas se ha demorado casi dos años desde el plazo máximo marcado por Europa y no responde al espíritu de las directivas europeas ni de su propio preámbulo sobre la necesaria transición energética participada y justa
· La coalición reitera al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la necesidad de contar con la sociedad civil de manera efectiva y real, no solo nominal
La Coalición por la Energía Comunitaria presenta sus alegaciones al borrador de Real Decreto sobre comunidades energéticas, por el que se desarrollan las figuras de comunidades de energías renovables (CER) y las comunidades ciudadanas de energía (CEC), y denuncia la falta de participación pública real en el proceso.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha tardado casi dos años en transponer las directivas europeas al marco normativo estatal. En junio de 2022 desde la Coalición ya se solicitó al Gobierno una transposición ambiciosa, sin embargo, el texto se queda a mitad de camino a la hora de impulsar las comunidades energéticas.
Las organizaciones denuncian la falta de participación pública real en el proceso que ha contado con un plazo de consulta inferior a un mes, un obstáculo al que se suman otras limitaciones que también dificultan la participación de la sociedad civil. En su opinión, la consulta vuelve a poner de manifiesto el escaso interés del Gobierno en promover y facilitar la participación de la ciudadanía.
En un contexto de crisis climática, energética y ecológica, y en un punto de inflexión para conseguir no sobrepasar los 1,5°C de incremento de la temperatura media global, la apuesta por la energía comunitaria y las comunidades energéticas es más urgente que nunca. “Ha sido una decepción enorme constatar la falta de visión y ambición del Gobierno a la hora de regular las comunidades energéticas e impulsar una verdadera democratización energética tal como reza el espíritu de las directivas europeas y el propio preámbulo del presente real decreto”, han señalado las organizaciones.
La coalición ha presentado alegaciones ante lo que considera una transposición parcial y denuncia que muchos de los artículos son una transcripción literal de las directivas europeas, lo que dificulta su interpretación debido a su escaso desarrollo normativo. Las organizaciones insisten en que el documento propuesto carece de ambición al no desarrollar el alcance de su articulado, y lo consideran una pérdida de oportunidad por no resolver las numerosas actuales barreras, conocidas por la sociedad civil, que obstaculizan el correcto despliegue de las comunidades energéticas, entre las que destacan las barreras técnicas, económicas, de financiación, legales y sociales.
La propuesta omite la posibilidad que brinda la directiva europe para que las comunidades energéticas puedan ejercer de gestoras de redes de distribución, una posibilidad que si se transpusiera podría significar un verdadero cambio de paradigma hacia la energía comunitaria. La propuesta ni tan siquiera justifica en su preámbulo el porqué de la omisión y por lo tanto es difícil entender las razones que hay detrás.
Retrasos y barreras constantes
Desde la coalición, ante la carencia de regulación, proponen cumplir lo dispuesto en el artículo 22 de la directiva, en relación a la posibilidad de que las comunidades energéticas operen redes de distribución y de que se incluya la figura del gestor de autoconsumo y de los coeficientes dinámicos. Ambas son demandas reiteradas que permitirían a estas comunidades dar un salto de escala en el actual complicado sistema enerǵetico dominado por el tradicional oligopolio energético.
Las organizaciones demandan, además, la ruptura del el oligopolio energético a través de la prohibición de que una misma empresa o grupo, a partir de cierto tamaño, pueda estar integrado verticalmente en la cadena de valor al realizar actividades de generación, distribución y comercialización de energía, así como la prohibición de la concentración de un porcentaje de los activos en una única empresa (de generación, distribución y comercialización).
En las alegaciones presentadas, se hace especial hincapié en cómo las comunidades energéticas están sufriendo retrasos injustificados relacionados con la solicitud de los puntos de conexión. La evaluación que debe llevar a cabo el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) debería abordar esta situación y proponer soluciones como la ventanilla única dependiente de la administración pública para solicitar los puntos de conexión o establecer plazos concretos y un régimen sancionador por retrasos injustificados.
En el documento presentado por el Gobierno tampoco se plantean objetivos vinculantes de potencia instalada o de las actividades o servicios permitidos a las comunidades, ni ofrece plazos vinculantes para cumplir con su actual articulado.
Tampoco se hace una mención expresa a la importancia de estas figuras para combatir la pobreza energética. Entre otras medidas, se deberían añadir y desarrollar criterios que faciliten la integración de personas vulnerables y en situación de pobreza energética en las comunidades energéticas y asignar recursos económicos, formativos y de índole social que lo posibiliten, desde una perspectiva de derecho a la energía y no asistencialista.
La coalición critica, además, que el presupuesto asignado al desarrollo de estas figuras, hasta ahora de unos 100 millones para la puesta en marcha del programa CE-Implementa, es insuficiente para avanzar en una transición energética ecológica y justa que no deje a nadie atrás, tal como presume el Gobierno de estar impulsando.
“Desde la coalición instamos al Gobierno a una mayor ambición política antes de la publicación del Real Decreto y a promover la participación real y efectiva de la ciudadanía en los procesos de consulta pública para lograr la descarbonización y democratización del sistema energético sin dejar a nadie atrás”.